jueves, 28 de octubre de 2010

3. TRANSFERENCIAS:

En esta artículo titulado “Peligro: la cohesión social se agrieta” se menciona que la crisis económica sitúa a muchas personas como mayores, mujeres con hijos a cargos e inmigrantes en la pobreza. Pero esto no significa que estas personas sean excluidas por los demás, sino que algunas de ellas pueden ser excluidas por causa de la pobreza que existe en la sociedad.
En la actualidad, España es el cuarto país más envejecido del mundo, por detrás de Japón, Italia y Alemania. Hoy en día, los mayores son grandes responsables de la conciliación de la vida laboral-familiar, tal y como refleja un informe de IMSERSO. Tanto es así que en este informe se señala que un 27% de los mayores presenta riesgo de pobreza.

Por otra parte, según un informe sobre exclusión social del Defensor de la Ciudadanía, un total de 217.000 habitantes de la provincia de Córdoba se encuentran en situación de pobreza relativa, con ingresos inferiores a los 586 euros al mes, mientras que 30.000 personas sufren una situación de pobreza severa. La pobreza relativa se hace más evidente entre la población más envejecida.
De los 217.000 habitantes, más de 70.000 pensionistas perciben rentas mínimas, 137.000 habitantes son trabajadores en situación de desempleo o trabajadores con salarios precarios o discontinuos y casi 10.000 habitantes, los perceptores de pensiones no contributivas.
El informe también recoge la necesidad de 7.000 viviendas sociales en la provincia para cubrir la demanda actual y la importancia de la formación para evitar situaciones de exclusión.
La exclusión social viene perfilada por un conjunto de factores como las dificultades de la vivienda, desempleo, falta de estudios, etc. Esto quiere decir, que existen algunas personas que tienen pocos recursos para sobrevivir, o sea, que son pobres y se sienten integradas y respetadas por todas las personas que le rodean. Por ello, estas personas no se sienten excluidas por la sociedad.

Cuando una persona se encuentra en una situación precaria, el primer apoyo que recibe es de la familia, la cual ayuda a la persona que se encuentra sin recursos en todo lo que necesite. También, es necesaria la inversión de derechos sociales para que todas las personas participen en el empleo y riqueza social, y así, no exista tanta desigualdad de oportunidades y el género no sea un impedimento a la hora de encontrar un empleo como ha ocurrido y está ocurriendo actualmente.

Actualmente, tras algunas incorporaciones de mujeres al mundo laboral, la única forma de aumentar la natalidad consiste en crear el salario maternal, una prestación pública para todas las españolas que tengan hijos, al menos hasta su edad escolar. Esta prestación es un derecho, porque las mujeres están ofreciendo a la sociedad lo que éstas más necesitan, o sea, son contribuyentes- y porque es la única forma de que las mujeres no queden discriminadas frente a los varones en su carrera laboral. Es así, como que las empresas prefieren hombres porque no tienen hijos.

Otra noticia importante es que la consejera de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, Ana Fernández, ha participado en una mesa redonda de consejeros de Servicios Sociales. Ella ha dicho que las políticas sociales de los últimos tiempos han incidido en que aumente la calidad de vida de los ciudadanos y en la actualidad, "trabajamos para que las personas con distintas capacidades tengan igualdad de oportunidades".
Se ha aprobado la Ley 5/2009 de Servicios Sociales de Aragón, en la cual se accede al catálogo de prestaciones del sistema público de servicios sociales de Aragón, un catálogo que recoge 93 prestaciones y que concreta el derecho universal de acceso de los ciudadanos a las prestaciones y servicios.

Otros problemas que aparecen son la reducción de pensiones por el acuerdo de todos los partidos y la despreocupación de los políticos por las necesidades básicas de los ciudadanos, ya que no los ayudan a pagar el agua o la luz, sino intervienen de un modo menos responsabilizado y sin compromiso.

Más de 900 familias de Jerez de la Frontera necesitan cada mes que los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Jerez les echen una mano para poder seguir adelante. La mayoría de ellas (650) reciben una ayuda económica periódica mientras que el resto dispone de un cheque mensual con el que adquirir alimentos de primera necesidad.

La crisis económica y la masiva pérdida de empleo han provocado que en los últimos años surja un nuevo concepto de pobreza. En muchos casos, se trata de familias jóvenes o de mediana edad en los que, al menos, uno de los miembros de la pareja se ha quedado en paro y no pueden hacer frente a gastos mensuales de cuantía importante a los que se habían comprometido en tiempos de bonanza económica como una hipoteca o la letra de un coche. En muchos casos, la crisis les ha hecho igualar los ingresos mensuales con los gastos y se ven en serias dificultades para afrontar cualquier imprevisto e incluso para comer cada día, una situación en la que nunca habrían imaginado encontrarse.

Por ello, el propio Ayuntamiento de Jerez desarrolla otro recurso social como es el comedor de El Salvador, donde las personas acuden al comedor cada mañana para recoger comida y alimentar a sus familiares

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